La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este jueves 10 de junio iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, tras la denuncia presentada por Morena el 8 de junio, que lo señala por presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con su familia.
Aunque no todos los diputados morenistas estuvieron presentes en la sesión, la mayoría de la Comisión decidió dar trámite al procedimiento. Ahora, el mandatario estatal será notificado y tendrá un plazo de 15 días hábiles para rendir su declaración ante el Congreso local, ya sea por escrito o de manera presencial.
El caso se centra en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que desde abril apunta a un esquema financiero para desviar y lavar más de mil millones de pesos. Según las indagatorias, el gobierno estatal habría canalizado recursos públicos a través de empresas y proyectos de infraestructura hacia el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares directos de García: su padre y su medio hermano.
De ahí, los recursos habrían sido transferidos a la inmobiliaria “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que presuntamente recibió más de mil millones de pesos, para luego enviarlos a cuentas en Estados Unidos y otras jurisdicciones, dificultando el rastreo y ocultando el origen público del dinero.
Samuel García ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como un “refrito” y recordando que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya emitió una resolución de no ejercicio de acción penal tras analizar las pruebas, concluyendo que no existe irregularidad.
Este proceso político se da en un contexto donde la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos son fundamentales para mantener la confianza en las instituciones y garantizar que el desarrollo económico y la competitividad urbana no se vean afectados por prácticas que dañan la propiedad privada y el orden.
Para las familias tradicionales de Nuevo León, que valoran la estabilidad y el respeto a la ley, este juicio político representa una oportunidad para exigir claridad y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, elementos clave para fortalecer la infraestructura y la eficiencia en la gestión estatal.
