Este miércoles 17 de junio de 2026, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Morena utilizó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para realizar 252 mil pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el país, sin reportar esta operación a las autoridades electorales y con posibles violaciones a la ley antilavado.
El contrato original entre Morena y Finabien se firmó el 1 de junio de 2022 por un año, pero fue modificado para extenderse hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia. El acuerdo estipulaba explícitamente la prestación de servicios para el “pago de apoyos sociales”.
Según los documentos obtenidos por MCCI:
– Morena pagó 3.52 millones de pesos en comisiones a Finabien, que cobraba 12 pesos más IVA por cada pago.
– Aunque se reportaron 252 mil 901 apoyos, una auditoría interna de Finabien identificó que solo se realizaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron 1.6 millones de pesos a Morena por comisiones pagadas de más.
– El monto total de los apoyos no se detalla, pero si cada pago fue al menos de 100 pesos, el desembolso para Morena sería millonario.
La investigación de MCCI destaca tres irregularidades principales:
1. **Ocultamiento al INE:** Morena no reportó el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendición de cuentas 2022-2024. Mientras Morena y su coalición reportaron casi 33 mil operaciones financieras en gastos de campaña, Finabien realizó más de 250 mil transferencias.
2. **Uso ilegal de recursos:** Ni la ley electoral ni los estatutos de Morena autorizan entregar “apoyos sociales”. Un ex consejero electoral consultado por MCCI calificó esta práctica como ilegal y la comparó con el caso Monex de 2012, donde se usaron transferencias para pagar representantes de casilla sin que el gasto se contabilizara en los topes de campaña.
3. **Violación a la ley antilavado:** La auditoría interna de Finabien, emitida en diciembre de 2025, concluyó que el contrato incumplió los protocolos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A pesar de una alerta desde enero de 2023 para aplicar controles antilavado, las autoridades no actuaron.
Al cierre de la investigación publicada este miércoles, MCCI informó que solicitó a la dirigencia nacional de Morena su postura sobre estos hallazgos, pero no obtuvo respuesta.
Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y el respeto a la ley en el manejo de recursos públicos y partidistas, elementos clave para fortalecer la confianza ciudadana y la competitividad urbana, evitando que prácticas opacas afecten la productividad y el dinamismo económico que Puebla y otras regiones necesitan.
