Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, envió una nueva carta fechada el 12 de junio de 2026 a la corte federal de Brooklyn, Nueva York, en la que solicita que se considere la Constitución de Estados Unidos para su apelación con el fin de ser deportado a México y recuperar su libertad.
Desde la prisión federal de supermáxima seguridad en Florence, Colorado, donde cumple una condena de por vida por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, Guzmán Loera insiste en que fue juzgado erróneamente y que su veredicto fue un fallo judicial equivocado. En la misiva dirigida al juez Brian Cogan, agradece la atención recibida y pide que se tomen en serio sus argumentos para su remoción a territorio mexicano.
El narcotraficante, quien desde hace meses firma sus cartas con el apodo de “El Chapo”, fundamenta su solicitud en la Declaración de Derechos y en la política de extradición, argumentando que tiene derecho a solicitar su retorno a México ante las cortes de distrito. Sin embargo, hasta ahora no tiene fecha para comparecer ante la corte del distrito este de Nueva York, y el juez Cogan ha desestimado previamente varias de sus cartas por falta de mérito legal.
Este caso se suma a otros de alto perfil que ha manejado el juez, como el del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y el exsocio de Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada.
La historia de El Chapo es parte del folclore mexicano: reclutado en su adolescencia por Miguel Ángel Félix Gallardo, jefe del cártel de Guadalajara, fundó el cártel de Sinaloa tras la captura de Félix Gallardo en 1989. Bajo su liderazgo, esta organización criminal creció hasta convertirse en la más grande del mundo, con miles de miembros y una influencia que ha marcado la seguridad y la economía en México y Estados Unidos.
Actualmente, Guzmán permanece en aislamiento casi total en Manhattan, con visitas restringidas solo a sus hijas mellizas a través de un vidrio, mientras continúa su batalla legal para intentar recuperar la libertad y regresar a su país.
Este nuevo intento de apelación pone sobre la mesa la compleja relación entre justicia, seguridad y soberanía, en un contexto donde la movilidad y el orden son clave para la estabilidad y el desarrollo económico, tanto en México como en su frontera con Estados Unidos.
