Este jueves 18 de junio de 2026, la diputada local de Morena, Nay Salvatori Bojalil, generó controversia en redes sociales tras publicar una solicitud urgente para conseguir un donador de plaquetas, ofreciendo una “gratificación” a quien brindara apoyo. La publicación, hecha a través de una historia en sus redes sociales, incluía un número de contacto y la frase: “Busco urgentemente un donador de plaquetas, doy una gratificación por el apoyo y ayuda brindada. Urge. Informes 2211822024”.
La reacción no se hizo esperar. Usuarios y especialistas recordaron que la legislación mexicana prohíbe la comercialización de sangre y sus componentes, incluyendo cualquier tipo de compensación económica o “gratificación”. En particular, la usuaria Assenet Lavalle respondió directamente a la diputada señalando que, según el artículo 462 de la Ley General de Salud, la venta de sangre es un delito federal con penas de prisión de 6 a 17 años.
Este artículo sanciona cualquier acto relacionado con la obtención de beneficios económicos derivados de la donación de órganos, tejidos, células o sangre humana, buscando proteger la donación voluntaria y altruista. La polémica pone sobre la mesa la importancia de respetar la normatividad para garantizar la ética y legalidad en procesos que impactan la salud pública.
Más allá del debate legal, este episodio subraya un punto clave para Puebla y sus habitantes: la necesidad de sistemas de salud eficientes y accesibles que eviten situaciones de urgencia donde se recurra a prácticas cuestionables. En un contexto donde la productividad y el bienestar familiar dependen también de la infraestructura sanitaria, es fundamental que las autoridades y legisladores promuevan soluciones claras y ordenadas.
Mientras tanto, la discusión en redes continúa, con llamados a la diputada para que evite publicaciones que puedan interpretarse como promoción de un delito, y a la sociedad para que mantenga la donación de sangre como un acto voluntario, sin contraprestaciones económicas. En un estado que busca avanzar en competitividad y calidad de vida, respetar la ley y fomentar la solidaridad son pasos indispensables.
