La “colaboración estrella” de Adidas para el jersey alternativo “Artisan JSY” de la Selección Mexicana, que se presentó como un proyecto de comercio justo, está envuelta en un escándalo de explotación laboral y desvío de recursos públicos en Naupan, Puebla.
La promotora cultural Luz Valdez reveló que más de 150 bordadoras nahuas fueron sometidas a condiciones de maquila coercitiva a través de la empresa intermediaria Someone Somewhere, una startup mexicana fundada por egresados del Tecnológico de Monterrey. Esta empresa asumió la gestión para proteger la imagen de Adidas, que temía sanciones en redes sociales por polémicas previas de apropiación cultural.
Uno de los puntos más graves fue la transformación ilegal de la Casa de la Cultura de Naupan en una planta de producción privada. Para cumplir con las auditorías de Adidas, Someone Somewhere pintó fachadas, instaló mobiliario, redes de internet y un reloj checador para controlar la entrada y salida de las artesanas, configurando un presunto desvío de recursos públicos con fines comerciales.
Las bordadoras enfrentaron jornadas intensas con solo una hora para comer y sin prestaciones de ley. Además, denunciaron desabasto de insumos básicos en los sanitarios y el incumplimiento de un seguro médico privado que la empresa presumía en sus reportes, bajo la falsa premisa de que en Naupan no existen clínicas del IMSS.
Los pagos fueron raquíticos: entre 25 y 36 pesos por hora, mientras que las prendas se venden en tiendas hasta en 4 mil pesos, y las chamarras en 5 mil. Las artesanas debían entregar al menos dos jerseys terminados cada cinco horas, y cualquier error en la calidad era castigado económicamente, obligándolas a rehacer piezas sin pago extra y descontando materiales de sus salarios.
A nivel cultural, la especialista Tatiana Bernaldez calificó el proyecto como un “atropello” porque se eliminó la técnica ancestral del “pepenado de hilván” propia de la Sierra Norte. Adidas rechazó el bordado tradicional en Hong Kong y forzó a las indígenas a aprender técnicas ajenas a su cosmogonía para acelerar la producción.
La presión provocó que muchas artesanas abandonaran el taller y buscaran trabajo externo en otra marca del Mundial que pagaba 400 pesos por pieza. En respuesta, Someone Somewhere despidió a las inconformes y las obligó a firmar contratos de exclusividad que les prohíben trabajar con Adidas durante cinco años, bajo amenaza de demandas legales.
Luz Valdez denunció que la empresa no paga a los artesanos que aparecen en su publicidad y que en los contratos se ceden los derechos de uso de imagen, lo que evidencia un esquema de explotación disfrazado de marketing.
Ante estas denuncias, el secretario de Cultura de Puebla, Fritz Glockner, reconoció que las transnacionales buscan transformar el valor cultural de los pueblos originarios en valor de cambio, pero admitió que la dependencia estatal no tiene facultades para sancionar a particulares. La Secretaría de Cultura federal se deslindó del conflicto, calificándolo como un “trato comercial entre particulares”.
Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de las familias tradicionales y artesanas de Puebla frente a la intervención de grandes corporativos y startups que, bajo la bandera del comercio justo, terminan precarizando el trabajo y despojando el patrimonio cultural local.
