El diario estadounidense Los Angeles Times reveló que las autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, ambos militantes de Morena, por posibles nexos con el crimen organizado.
Según la publicación, EU habría revocado discretamente las visas de ambos mandatarios estatales, aunque continúan ingresando al país mediante un permiso especial conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo reservado para personas que colaboran con las autoridades o actúan como testigos en investigaciones.
Ante estas acusaciones, el Gobierno de Sonora respondió que la información es “completamente falsa” y aseguró que Durazo cuenta con visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de EU. Paloma Teran, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, rechazó categóricamente los señalamientos sin sustento.
De manera similar, Tamaulipas calificó las acusaciones contra Américo Villarreal como “falsas y de enorme gravedad”, sin presentar pruebas que las respalden.
En el ámbito político, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los gobernadores aclarar si efectivamente les retiraron la visa y cuestionó la intención detrás de hacer pública esta información.
Este caso pone en el centro la importancia de la transparencia y la legalidad en el ejercicio público, elementos clave para mantener la confianza y competitividad de nuestras entidades, especialmente en un contexto donde la movilidad y la conectividad con Estados Unidos son vitales para la economía regional.
