Luis Ángel N., también conocido como Jaime Andrade Sánchez, volvió a escapar de la justicia la semana pasada mientras era trasladado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en la autopista a la altura de Amozoc, rumbo a la ciudad de Puebla. Esta no es la primera vez que el secuestrador logra evadir la custodia: en 2017 se fugó del penal distrital de Tepeaca, donde enfrentaba un primer juicio por secuestro.
En aquella ocasión, el reo y otro interno aprovecharon la confusión durante la salida de visitas para burlar la seguridad y salir por la puerta principal, evidenciando desde entonces las fallas en los sistemas penitenciarios del estado. Tras dos años prófugo, fue reaprehendido en 2019 en Tehuacán, cuando recibía atención médica por una lesión en el rostro, días después de haber participado en otro secuestro.
Este segundo secuestro ocurrió en mayo de 2019, cuando la víctima fue vista por última vez cerca del centro comercial Paseo Tehuacán. La Fiscalía General del Estado (FGE) logró una condena de 60 años de prisión para Juana N., coautora del delito, el pasado 4 de junio. El grupo delictivo exigió inicialmente 500 mil pesos por la liberación, pero solo se pagaron 300 mil, sin que la víctima regresara con vida.
La reciente fuga de Luis Ángel N. ha generado temor e indignación entre la familia de la víctima, originaria de Tlacotepec de Benito Juárez, quienes ahora se sienten en riesgo y vulnerables. Temen que el prófugo busque venganza tras la condena de su cómplice y lamentan que la evasión dificulte conocer el paradero final de su familiar. Aunque hay indicios extraoficiales de que la víctima pudo haber sido asesinada, no hay certeza jurídica ni material, y la información dependía en gran medida de las declaraciones del prófugo.
Por su parte, la SSP informó que los dos custodios encargados del traslado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para investigar posibles omisiones, negligencias o complicidades. Además, se inició una investigación interna, pero hasta ahora no hay pistas sobre el paradero de Luis Ángel N.
Este caso pone en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad y la eficiencia en los sistemas de custodia para proteger a las familias y garantizar que la justicia no se vea socavada por fugas que afectan la confianza y la tranquilidad de la sociedad poblana. En un contexto donde la movilidad y la seguridad son claves para la productividad y el orden, la atención a estos fallos es urgente para preservar la estabilidad y el bienestar de las comunidades.
