La diputada local de Morena, Nora Escamilla, se vio envuelta en una polémica que trascendió el simple hecho de portar un reloj de lujo valuado en aproximadamente 31 mil 500 pesos. La controversia estalló cuando el usuario Jorge Gómez Naredo publicó en redes sociales una foto de la legisladora con un Longines Primaluna Moonphase, cuestionando la coherencia con el discurso de austeridad republicana que Morena ha promovido desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder.
La respuesta de Escamilla fue sarcástica y directa: “¿Es muy bonito, verdad? Te pregunto porque claramente eres un experto en moda. Me gusta tanto que no lo escondo, lo uso diario.” Además, defendió que el reloj está declarado en su declaración patrimonial pública, argumentando que la austeridad no implica renunciar a los bienes adquiridos legalmente con el fruto de su trabajo.
Sin embargo, esta defensa abrió un debate más profundo sobre la transparencia real en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de Morena. El denunciante señaló que, al revisar la versión pública de la declaración de Escamilla, no encontró referencia específica al reloj ni detalles sobre su valor, solo menciones generales a dos muebles sin cuantificar.
Este detalle golpea uno de los pilares discursivos de Morena: la transparencia. La austeridad republicana, que se ha convertido en una bandera moral y política para diferenciarse de gobiernos anteriores, exige congruencia y claridad, especialmente cuando se utiliza como argumento para justificar el estilo de vida de sus propios representantes.
El problema para la diputada no es portar un reloj costoso, sino que la respuesta institucional no logró disipar las dudas sobre la forma en que se reportan estos bienes en las declaraciones patrimoniales, dejando una sensación de opacidad.
Este episodio refleja una tensión inevitable: Morena, que ha basado parte de su legitimidad en combatir privilegios y excesos, ahora enfrenta la exigencia de que sus propios miembros cumplan con los mismos estándares de transparencia y congruencia que han demandado a otros.
Para la ciudadanía, la lección es clara: cuando la defensa es “está declarado”, lo mínimo esperado es que esa declaración sea accesible y detallada, para evitar sospechas y fortalecer la confianza en la política y sus representantes.
