La Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Ernestina Godoy, prepara una causa penal contra Esteban Villegas, gobernador de Durango y militante del PRI, por supuestamente proteger operaciones del grupo criminal “Los Cabrera”, vinculado al cártel sinaloense “La Mayiza”. Así lo revelaron fuentes cercanas a la investigación a La Silla Rota.
El expediente señala que la administración de Villegas habría brindado protección a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, presunto sucesor de Ismael “Mayo” Zambada, actualmente procesado en Estados Unidos. Tras la detención de “El Mayo” en julio de 2024, Durango ha vivido un recrudecimiento de enfrentamientos entre “Los Cabrera” y la banda rival “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Villegas Villarreal, de 50 años, asumió el cargo en septiembre de 2022 tras una alianza electoral con PAN y PRD. Antes fue alcalde de Durango capital, secretario de Salud estatal y diputado local en dos ocasiones.
Las fuentes indicaron que el gobernador está al tanto del expediente de la FGR, que también involucra a otros funcionarios estatales, entre ellos la fiscal general Sonia Yadira de la Garza. Un colaborador cercano a ella fungiría como enlace entre la fiscalía local y Zambada Sicairos.
El gobernador ha compartido con su círculo más cercano la inminencia de acciones legales contra varios integrantes del gobierno estatal; al menos uno de ellos ya abandonó Durango. Por su parte, “El Mayito Flaco” también habría salido del estado y su paradero es desconocido.
Con esta investigación, serían dos los gobernadores en funciones enfrentando cargos penales, junto con Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia en Sinaloa.
Este caso pone en evidencia la compleja relación entre autoridades estatales y grupos criminales, un desafío que afecta la seguridad y la gobernabilidad, y que impacta directamente en la estabilidad y desarrollo económico regional. En un contexto donde la eficiencia y el orden son clave para la competitividad urbana, la transparencia y el respeto a la ley son indispensables para proteger a las familias y fortalecer la confianza en las instituciones.
