El proyecto del coche eléctrico Olinia, que se presentó como un desarrollo local impulsado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tec de Puebla, enfrenta ahora cuestionamientos por un contrato otorgado a una empresa con sede en Mérida, Yucatán.
El 14 de abril de 2025, la Secretaría de Competitividad, Innovación y Tecnología (Secihti) entregó un contrato por 5 millones de pesos a Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del vehículo Olinia. Sin embargo, Rocketel no es una empresa automotriz, sino una compañía dedicada a la telefonía celular, con oficinas en una casa habitación ubicada en la Calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel, en Mérida, Yucatán.
Además, el socio mayoritario de Rocketel, Adrián Aguirre Palme, reside en Park City, Utah, donde tiene una empresa que fabrica elevadores para esquí, lo que añade más dudas sobre la experiencia de la firma en el sector automotriz.
Este contrato ha generado inquietud entre quienes esperaban que el proyecto fuera un motor de innovación local y un impulso para la competitividad urbana y la conectividad económica en Puebla. La falta de transparencia también preocupa: al ser cuestionada, la Secihti se negó a revelar detalles sobre los montos gastados, pruebas de seguridad, especificaciones técnicas y tiempos de producción, argumentando que divulgar esta información dañaría la “ventaja competitiva”.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y garantizar que los proyectos estratégicos para la movilidad y la infraestructura en Puebla realmente beneficien a la economía local y a las familias que dependen de una mejor conectividad y eficiencia en sus traslados.
Mientras tanto, el impulso a sistemas de transporte innovadores como el cablebús o teleférico sigue siendo una apuesta clave para mejorar la movilidad y dinamizar el comercio en la ciudad, siempre que se mantenga la transparencia y el compromiso con el desarrollo regional.
