La presión de Washington sobre figuras cercanas a Morena parece intensificarse. Según la columna Estrictamente Personal del periodista Raymundo Riva Palacio, el gobierno de Estados Unidos habría revocado la visa del senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación con AMLO, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con redes de huachicol fiscal.
Esta decisión, que habría sido notificada a las autoridades mexicanas, forma parte de una serie de acciones contra políticos bajo la lupa de agencias estadounidenses. Aunque no se ha confirmado oficialmente la revocación, la información apunta a que la investigación lleva meses y que ya se ha compartido información con México sobre actividades ilícitas relacionadas con el senador.
Además, Riva Palacio señala que las pesquisas no se limitan a Adán Augusto, sino que podrían extenderse a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En particular, se mencionan a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, y a José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán, por su presunta participación en estas redes.
El periodista también destaca que Estados Unidos ha cuestionado al gobierno mexicano por la “debilidad de las acciones” contra Hernán Bermúdez Requena, alias “el Comandante H”, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gobernatura de Adán Augusto López y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.
Adán Augusto López es considerado uno de los operadores más influyentes del obradorismo, con años de peso dentro del movimiento. Esta revelación se suma a la presunta revocación de visas a gobernadores como Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas), según reportó también Los Ángeles Times.
Este contexto refleja una creciente tensión entre Washington y actores políticos mexicanos, especialmente en temas de seguridad y combate al crimen organizado. Aunque la información sigue en el terreno de las revelaciones periodísticas, la situación genera un nuevo foco de conflicto para la 4T, justo cuando la estabilidad política y la eficiencia en la gestión pública son clave para la competitividad y el desarrollo económico del país.
