La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, conocido como Paco Pachangas, profesor de la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, por el delito de abuso sexual calificado en agravio de alumnos adolescentes.
Con más de 30 años de trayectoria en la institución, el docente es investigado por presuntos abusos ocurridos en distintos momentos, tanto dentro como fuera del entorno escolar, en espacios vinculados a la congregación lasallista.
El expediente, identificado como CI-FIDCANNA/E/UI-E-11/00518/11-2024, detalla que Francisco “N” también desempeñaba funciones de acompañamiento para estudiantes con problemáticas familiares, lo que le permitía establecer contacto cercano con alumnos fuera del plantel bajo el argumento de actividades de apoyo y orientación.
Uno de los casos documentados ocurrió en abril de 2009, cuando un estudiante de 16 años fue trasladado desde el campus ubicado en la colonia Condesa hacia una de las denominadas Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles usados como espacios recreativos y de convivencia. Según la declaración ministerial, el traslado se realizó en un vehículo particular y, al llegar al inmueble, el profesor mostró distintas áreas antes de conducir al alumno a una habitación, donde ocurrieron actos de carácter sexual.
Tras los hechos, el estudiante regresó al plantel acompañado por el docente, quien habría hecho comentarios sobre la posibilidad de influir en sus calificaciones, elemento que forma parte de la carpeta de investigación. Además, se señala que el profesor mantuvo contacto posterior con el alumno a través de medios electrónicos y que otros estudiantes identificaron conductas y mensajes inapropiados en redes sociales.
La denuncia sostiene que este caso no sería un hecho aislado. El denunciante manifestó que con el paso de los años conoció a otros exalumnos que compartieron experiencias similares relacionadas con el docente. Estos testimonios forman parte del contexto que el Ministerio Público analiza para determinar el alcance de las acusaciones y si existen más personas afectadas.
También se menciona que los comentarios sobre el comportamiento del profesor circularon entre estudiantes de distintas generaciones, aunque hasta ahora no se han presentado denuncias adicionales formales.
De acuerdo con las declaraciones, algunos alumnos reportaron que las conductas atribuidas al profesor eran conocidas dentro de la comunidad escolar, pero no se activaron medidas inmediatas por parte de las autoridades institucionales. Algunos estudiantes buscaron apoyo de personal escolar tras conocer o experimentar situaciones relacionadas con el docente, y aunque directivos y responsables de atención estudiantil fueron informados, los denunciantes consideran que las acciones adoptadas fueron insuficientes.
Un punto clave que la Fiscalía deberá esclarecer es qué información conocieron las autoridades del plantel y qué medidas implementaron tras recibir reportes sobre la conducta atribuida al profesor. Hasta el momento no existe una determinación judicial sobre una posible responsabilidad institucional.
Este caso pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia en las instituciones educativas para garantizar un entorno seguro para los estudiantes, un aspecto fundamental para preservar la confianza de las familias y la comunidad escolar.
