El miércoles por la noche, durante una protesta en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que había más funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda que manifestantes, una declaración que encendió la polémica y la indignación entre colectivos de familias de personas desaparecidas.
Este comentario, que buscaba minimizar la movilización, fue respondido con ironía y firmeza por Yadira González, coordinadora del colectivo Desaparecidos Querétaro. González señaló que, si realmente había más personal oficial que manifestantes, eso significaría que las autoridades están destinando los recursos necesarios para atender la crisis de desapariciones, que supera los 130 mil casos en el país.
Sin embargo, la realidad que viven estas familias dista mucho de esa imagen. En las protestas realizadas este jueves en distintos puntos de la capital, en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol, las buscadoras dejaron claro que su lucha no es contra el evento deportivo, sino contra la falta de empatía y la indolencia del gobierno federal.
Leticia Martínez de la Rosa, hermana de un desaparecido desde octubre de 2024, calificó como una ofensa las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien cuestionó el origen y financiamiento de algunos colectivos. “Si supiera de nuestro sufrimiento y garantizara búsquedas reales, no diría lo que está diciendo”, afirmó.
Ana Victoria Magaña, hermana de Josef Viktor Magaña, coincidió en que la protesta es un grito contra la revictimización y la falta de atención digna: “Nos hacen gastar en búsquedas y trámites, y nadie hace nada. Esto no es partidista, nadie nos está pagando, todas venimos con nuestro dolor”.
Estas voces reflejan la frustración de familias que han vivido la desaparición de sus seres queridos a lo largo de distintos gobiernos, sin que la búsqueda y la justicia se concreten. En un país donde la seguridad y el orden son pilares para el bienestar de las familias, la exigencia es clara: que el Estado cumpla con su responsabilidad y garantice resultados efectivos, sin simulaciones ni discursos vacíos.
Mientras tanto, la sociedad observa cómo la falta de respuestas impacta no solo en la tragedia personal de estas familias, sino también en la percepción de un Estado que debe proteger la propiedad, la vida y la tranquilidad de sus ciudadanos.
