Este miércoles 17 de junio de 2026, Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, enfrentó una nueva audiencia en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde la Fiscalía solicitó que el jurado de su juicio sea anónimo y parcialmente aislado.
Durante la vista, las partes discutieron sobre documentos y pruebas clasificadas que se presentarán en el proceso, mientras la Fiscalía argumentó que estas medidas son necesarias para proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, evitando posibles intimidaciones o interferencias.
Entre las peticiones hechas al juez Frederic Block destacan:
– Que los nombres, direcciones y lugares de trabajo de los candidatos y miembros del jurado no se revelen ni a las partes ni a sus abogados.
– Que los jurados sean trasladados diariamente por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y permanezcan aislados del público durante el juicio.
La Fiscalía fundamenta esta solicitud en la gravedad excepcional de los cargos contra Caro Quintero, quien, según señalan, tiene historial de interferir en procesos judiciales, incluyendo el asesinato de un agente federal estadounidense y la continuación de actividades delictivas desde prisión en México.
El llamado “Narco de Narcos” enfrenta cargos en Estados Unidos por dirigir una empresa criminal, asesinato —incluyendo el secuestro, tortura y homicidio del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985—, distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas para promover el narcotráfico.
Cabe destacar que, aunque Caro Quintero se ha declarado no culpable, los fiscales dejaron abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad.
Este caso forma parte de una operación mayor en la que el mexicano fue trasladado desde México a Estados Unidos junto a otros 28 cabecillas de distintos cárteles, entre ellos Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales, cofundadores del Cártel de los Zetas.
En un contexto donde la seguridad y el orden son fundamentales para la estabilidad social y económica, este juicio representa un paso clave para la justicia internacional y la lucha contra el crimen organizado que afecta la productividad y competitividad de nuestras ciudades.
