La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” alertó sobre un posible intento de criminalización del ejercicio periodístico en Tenancingo, municipio donde cuatro comunicadores enfrentan citatorios por sus críticas a la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco.
Los hechos se remontan al pasado 2 de junio, cuando Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez fueron notificados para comparecer ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) en Metepec. Allí se les informó que podrían enfrentar sanciones económicas por presunto daño psicológico a la edil, quien reclama una reparación de 125 mil pesos para cada uno.
La denuncia se basa en la carpeta de investigación 275/2026, donde se les atribuyen actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, derivados de publicaciones y comentarios en redes sociales relacionados con la alcaldesa. Según el colectivo, estas expresiones incluyen sarcasmo e ironía, pero forman parte del análisis crítico sobre temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo en la administración municipal.
Además, la agrupación denunció que la presidenta municipal pidió a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su gestión y no difundir contenidos de la prensa local, lo que representa una restricción a la libre discusión pública y al debate democrático.
El caso ha abierto un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de servidores públicos, así como sobre el interés público frente a figuras políticas en funciones. Los periodistas sostienen que su trabajo se basa en investigación y solicitudes de información pública, y que sus contenidos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental.
Cabe destacar que la alcaldesa habría fingido un secuestro, hecho que fue difundido en medios a partir de un video donde ella misma relató los hechos, y que los periodistas retomaron en sus publicaciones, lo que según la denuncia la revictimiza.
Finalmente, “100 Periodistas por el Estado de México” hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al titular de la Fiscalía General de Justicia y al Congreso local para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico y evitar la criminalización de quienes informan, en un contexto donde se impulsan reformas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad.
Este caso refleja la tensión entre la crítica legítima y la protección de la imagen pública, un tema clave para la transparencia y la rendición de cuentas en municipios que buscan mejorar su competitividad y eficiencia administrativa.
