Este jueves 18 de junio, María Hilda N., conocida como Lili N. y ex Miss Puebla 1991, obtuvo un cambio en su medida cautelar que le permitió salir del penal de San Miguel, donde permanecía desde marzo de 2023 acusada de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.
La audiencia de revisión se realizó en una sala del Tribunal de Enjuiciamiento, ubicado junto al penal, y fue presidida por el juez Gabriel Pérez Rocha. La defensa particular de María Hilda renunció semanas atrás, por lo que un defensor público asumió su representación y solicitó tiempo para revisar la carpeta de investigación.
María Hilda fue detenida inicialmente el 9 de marzo de 2023 cerca del Instituto Oriente, pero fue liberada ese mismo día por presuntas violaciones a sus derechos durante la detención. Sin embargo, debido a la presión social, fue reaprehendida el 18 de marzo en la colonia San Pedro, donde se le formuló imputación por explotación laboral y malos tratos a una trabajadora doméstica, y se le impuso prisión preventiva.
La acusación señala que la ex reina de belleza reclutaba jóvenes de municipios como Zacapoaxtla, Cuetzalan y Xochitlán de Vicente Suárez para trabajar en su domicilio en la colonia Jardines de San Manuel, donde una de las víctimas denunció haber sufrido abusos durante 46 meses, desde junio de 2019. Entre los presuntos maltratos se incluyen golpes, quemaduras, privación de alimentos y agua, amenazas de muerte, y trabajo forzado incluso bajo la lluvia.
Tras permanecer incomunicada y sin pago, la joven logró escapar después de casi cuatro años y presentó la denuncia que dio inicio al proceso legal.
Aunque María Hilda ahora continuará su proceso en libertad, monitoreada con un brazalete electrónico, la investigación sigue abierta y se espera que pronto se fije la fecha para el inicio del juicio oral, donde se determinará su culpabilidad o inocencia.
Este caso pone en evidencia la complejidad de garantizar justicia efectiva en delitos que afectan la dignidad y derechos de las personas, y subraya la importancia de sistemas judiciales que protejan a las víctimas sin perder de vista el debido proceso. En un contexto donde la seguridad y el orden son prioritarios para la estabilidad social y económica de Puebla, la atención a estos temas es clave para fortalecer la confianza ciudadana y el respeto a la propiedad y el trabajo digno.
